¿Qué problemas aquejan a los niños y niñas indígenas en Colombia? La Onic responde

De acuerdo con el Censo 2018 del Dane, la población indígena en Colombia es de 1.905.617 habitantes, de los cuales 644.433 (es decir el 33,8%) se encuentran entre los 0 y 14 años, representando la base principal de la estructura para los 115 pueblos indígenas existentes. No obstante y, pese a ser sujetos de especial protección, sigue siendo uno de los grupos poblacionales a los que más se vulneran sus derechos.

“La falta de presencia del Estado y la incursión de grupos armados organizados en los territorios indígenas ha vulnerado el desarrollo de los niños y niñas indígenas desde el orden sociocultural, territorial y buen vivir”, señala Gladys Floralba Hernández, Consejera Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.

Entre las problemáticas más graves está la mortalidad infantil. De acuerdo con los datos del Sistema de Monitoreo Territorial de la Onic, la tasa de mortalidad infantil es grave, siendo de 41 defunciones por cada mil niños indígenas nacidos vivos, situación que se se presenta de manera más crìtica en los departamentos de Chocó, La Guajira, Santander, Meta y Arauca; entre los pueblos más afectados están los Wayuu, Kogui, Awá, Embera Katio y Sikuani. 

“Una de las vulnerabilidades que más nos preocupa en los territorios es la violencia sexual con sus diferentes tipos, que con mayor frecuencia son acceso carnal violento, embarazos a temprana edad, aborto forzado, que en su mayoría afecta a las niñas y mujeres jóvenes. No es fácil determinar la incidencia real de este problema porque además de ser víctimas de los actores armados y de actores externos al territorio, también ocurre en el mismo entorno familiar o comunitario”, comenta Hernández. 


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La Consejera de la Onic advierte que este flagelo tiene como agravante que en las comunidades indígenas no se cuenta con los mecanismos para acceder a los tratamientos de salud mental, lo que ha ocasionado inclusive suicidios.  

Dentro de las manifestaciones de la violencia de género y la vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres indígenas, en 2021, el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, Sivige, registró 2.106 casos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres indígenas. El 44,5% de los casos relacionados con violencia física, 30,3% con violencia sexual, 18,9% con negligencia y abandono, y 6,3% con violencia psicológica. 

Hernández agrega que la población infantil indígena así mismo enfrenta en su mayoría pobreza multidimensional, “situación que lleva a altos índices de desnutrición infantil, carencia severa de acceso a: educación, salud, agua potable y vivienda. La pobreza infantil indígena es tres veces mayor en comparación con otros niños. Las consecuencias están también relacionadas con la baja expectativa de vida lo que pone en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas”. 


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En medio del conflicto

De acuerdo con Loreiny Moran Rodríguez, Coordinadora Nacional de Jóvenes Indígenas de la Onic, un factor determinante que influye en las afectaciones es el conflicto armado, “debido a la presencia de grupos armados legales e ilegales en los territorios habitados por los pueblos indígenas, un enfrentamiento que pone como carne de cañón a los jóvenes indígenas generando desplazamientos, lo que causa un gran desarraigo del territorio y de la cultura, afectando innegablemente a la identidad como pueblos indígenas, y generando situaciones de mendicidad en las grandes urbes”. 

En ese marco, se evidencia el reclutamiento forzado como otra de las afectaciones para los niños y jóvenes indígenas. “Muchos siguen siendo seducidos por los grupos armados para hacer parte de sus filas con propuestas engañosas, ofreciéndoles un ¨pago económico¨ aprovechando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, pero una vez se dan cuenta de que han sido engañados no pueden hacer nada porque están sometidos a los grupos armados que los reclutan y amenazan con causarles daño a ellos o a sus familias”, indica Moran Rodríguez. 

De acuerdo con el antropólogo Carlos Franky, docente de la Universidad Nacional Sede Amazonia, en algunos lugares de la región no funciona el Estado social de derecho “La gobernabilidad no alcanza a cubrir todo el territorio: en algunas partes están las disidencias de las guerrillas, en otras hay paramilitares o está toda la violencia que se vive en la región y no se puede asegurar que en todos estos territorios se cumpla la ley, lo que hace que las cosas no fluyan y que las políticas no se implementen”.


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A estas problemáticas se suman las altas tasas de suicidios de niños y jóvenes indígenas. “Esta es una afectación que aqueja a la juventud indígena en gran magnitud y que está rodeada de variables como la depresión, desarmonías espirituales, la falta de oportunidades laborales y de educación, entre otros factores”, explica Loreiny Moran.   

De acuerdo con Moran, uno de los departamentos más afectados es Chocó donde el suicidio de jóvenes indígenas se ha convertido en un problema de salud pública. “Las cifras son alarmantes. De acuerdo con las autoridades, en el 2022 ocurrieron 188 casos de suicidios y en lo corrido de este año se han presentado 56 casos; y esos son los que se conocen, porque hay otros casos que no son reportados ante las autoridades competentes”, afirma. 

Para las funcionarias de la Onic, frente a estos flagelos “es necesario que desde las instituciones de gobierno se brinden todas las garantías de formación, orientación, espacios de participación efectiva y de escucha a nuestros jóvenes indígenas a nivel local, regional y nacional. Se requiere que las entidades pongan mayor atención a las problemáticas que están enfrentando nuestros jóvenes indígenas en las zonas rurales y urbanas de todo el  territorio nacional. Así mismo, que los jóvenes indígenas sean parte activa y propositiva en la toma de decisiones, en la generación de estrategias y partícipes de la formulación de las políticas enfocadas a los pueblos indígenas”. 

La Onic hace un llamado urgente a la sociedad colombiana “a salvaguardar a la niñez indígena, que las semillas germinen, crezcan en ambientes propios, sanos y en nuestros territorios donde preservamos la cultura oral, la espiritualidad y las cosmovisiones, de acuerdo a lo mandatado en las Leyes de Origen. La niñez y adolescencia indígena merece vivir en paz y entre todos debemos aunar esfuerzos para que nuestros niños, niñas y adolescentes gocen del Buen Vivir, una vida digna en los territorios y con plenos derechos”.

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