Resumen Latinoamericano, 28 de octubre de 2022
«LA JUSTICIA ACTUO CON ABSOLUTO DESPRECIO POR ESAS VIDAS»
Entrevista a Laura Taffetani, abogada de las mujeres mapuche detenidas– Por Roxana Sandá
A cuentagotas, con enorme esfuerzo, tratando de perforar el silencio que desde la Justicia y las fuerzas de seguridad rodea el allanamiento, represión y posterior detención de siete mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, el 4 de octubre, comienza a revelarse la catarata de irregularidades de un proceso judicial y un operativo comando a todas luces violatorios de derechos humanos. Dos de las mujeres liberadas esta semana, Débora Vera y Florencia Melo, en huelga de hambre desde veinte días atrás en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), sufrieron el agravamiento de sus condiciones de detención y el seguimiento de las visitas, con requisas severas, mientras que a las cuatro que les confirmaron prisión preventiva les corre un encierro domiciliario junto a sus niñes, bajo control estricto de cada movimiento, de quiénes y de cuántxs pueden verlas cada día. Recuperan sus pertenencias a los ponchazos, cuando las que ordenaron las detenciones se avienen a entregarles algo. No les devolvieron los víveres ni otros elementos de subsistencia, y cuando los reclaman les dicen que fueron distribuidos en comedores comunitarios. Sus prendas, incluidas las de les niñes, están en depósito judicial. Las criaturas, que llegan a ser una docena, comenzaron a enfermarse, y sus madres, mujeres mapuche, pobres y presas, también se anoticiaron de que la jueza Silvina Domínguez unificó diferentes causas y trabó embargo sobre su dinero y/o bienes por cifras que oscilan entre 5 y 10 millones de pesos al considerarlas, junto con otros compañeros, “coautoras penalmente responsables del delito de usurpación por despojo”. La Gremial de Abogades, organización que las representa y apelará el fallo, hace responsable de este andamiaje de violencia a la jueza, pero sobre todo a la fiscala María Cándida Etchepare, que pidió todas las medidas represivas, de despojo y de encierro, y que según el abogado Eduardo Soares, de La Gremial, “responde a grupos racistas supremacistas de Bariloche”.
Consultado sobre quién es Etchepare, el abogado detalló que la fiscala federal interina era mano derecha de la anterior fiscala federal subrogante de Bariloche, Sylvia Little, quien en 2021 renunció al cargo. “Little fue la que comandó las tropas que asesinaron a Rafael Nahuel en 2017, en un contexto de estigmatización y persecución», aseguró Soares. «Hoy Etchepare continúa esa tarea y es la que pide todas las medidas gravosas que criminalizan al pueblo mapuche.”
Laura Taffetani asiente a cada una de las afirmaciones, agrega que en el papeleo de las detenciones y la incomunicación, ingresaron a una de las mujeres que permanecen en prisión, Betiana Ayelen Colhuan, como “alias La Machi”, desconociendo el significado cultural y espiritual que implica la entidad de Colhuan. “No dejaron nada sin pisotear y lo que se ve siempre es ese desprecio”, lamenta esta abogada de La Gremial que representa a las mujeres y habla con ellas a diario. Taffetani, referente histórica en defensa de las niñeces e integrante de la Fundación Pelota de Trapo, planteará la restitución del territorio, que las mujeres vuelvan al lugar del que fueron desalojadas y la nulidad total del proceso, “donde lo último que hubo fue un proceso de mediación. En las causas anteriores, la fiscalía de Etchepare era la que boicoteaba todo, y sabíamos que venía con esa actitud, pero nunca imaginamos que iba a hacerlo de una forma tan tremenda”, lamenta con preocupación.
“Uno de nuestros colegas radicó una denuncia contra Diego Frutos, de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, porque mientras nosotros no podíamos ingresar al predio allanado, que debía resguardarse para preservar las pruebas, aparece un video de él de lo más campante adentro del territorio, diciendo estupideces y señalando una vivienda como ´la casa donde vivía Facundo Jones Huala´, cuando Jones Huala nunca estuvo en ese lugar”, reclama Taffetani. “Como se trata de Frutos, la fiscala tiene un parámetro; si se trata de la comunidad, tiene otro muy diferente.”
Y la jueza Silvina Domínguez avaló y firmó todo lo actuado.
-Fue una sorpresa, porque dentro de los cuatro jueces que pasaron por ese juzgado y por esta causa, Domínguez fue la más respetuosa en relación con la comunidad, hasta que ocurrió la represión y las detenciones. Es un lobo disfrazado de cordero, nunca imaginamos que iba a avalar un operativo, y menos uno de esa magnitud, en el que participaron 250 efectivos.
¿Cómo se manejaron hasta que la jueza levantó el secreto de sumario?
–Hemos estado a ciegas todo este tiempo. El derecho de defensa fue vulnerado desde el principio, porque si bien se produce el allanamiento en base a una causa, metieron por la ventana el desalojo de territorios que estaban en causas de 2017 y 2018, en las que éramos defensores, una elevada a juicio, en la que no procedía desalojo. Nos tendrían que haber notificado, pero habrá que ver de qué se disfrazan para explicar esta situación.
También ordenaron detenciones inmediatas.
-Por los delitos que se les imputaba en la declaración indagatoria, podían excarcelarlas, pero se eligió mantenerlas encerradas bajo el argumento de que ellas entorpecerían la investigación y, según otro argumento inválido, de que la comunidad anunció públicamente que va a volver al territorio. ¿Qué van a hacer, las van a tener presas toda la vida? Les dieron prisión con condiciones violatorias, sobre todo de derechos que tienen que ver con los pueblos originarios. Una de ellas, Romina Rosas, que cursaba 40 semanas de embarazo, fue trasladada al hospital sin respetar su voluntad de cómo parir. Les limitaron las visitas, no pueden verlas más de cuatro personas, tres veces por semana, cuatro horas. La machi tiene funciones con su comunidad y con otras comunidades, y también cercenaron ese derecho. Y las mujeres que fueron liberadas estuvieron en un alojamiento de la PSA que no era apto para detenidxs.
¿Por qué suponés que apuntaron sobre las mujeres?
–Es un símbolo. Cuando hicieron el desalojo estaban las mujeres con lxs niñxs y con la machi, la primera después de sesenta años en la Argentina, y ella es la fortaleza de esta comunidad. Se hicieron interpretaciones tremendas, por ejemplo la jueza se quejaba de que los hombres escaparon y dejaron a las mujeres solas, como si fueran débiles indefensas. Son guerreras. Fueron detenidas antes, pero nunca las mantuvieron encerradas con este ensañamiento. Le dijimos a la jueza Domínguez que la disposición del traslado a Buenos Aires ignoró la historia y el carácter de pueblo originario. Fue un escándalo, porque la jueza no cobró dimensión hasta que las vio y volvió a trasladarlas.
¿Pudiste visitar y hablar con las mujeres detenidas?
-Sí, están mal por lo que ocurrió, por la salud de sus hijxs y por la espiritualidad. No les dejan realizar ceremonias que permitan restablecer mínimamente el equilibrio de lo que significa el rewe (espacio sagrado). Además, lxs niñxs padecen un encierro al que no están acostumbradxs.
¿Qué te preocupa hoy de todo este escenario?
-Que en todo este tiempo que estuvieron las fuerzas en el territorio, no hubo control de la defensa. No sabemos qué se puede haber plantado, no hay ninguna garantía. Me preocupa que no se siguiera ningún tipo de reglas de debido proceso, y además la falta absoluta de consideración. Después de las detenciones, sacaron todas las pertenencias y los elementos ceremoniales bajo la lluvia, a un costado de la ruta. Todavía pido la restitución urgente de la ropa de lxs niñxs, y hasta hoy ni me contestaron. Y me preocupa que todo se ejecuta con un desprecio permanente, más la gravedad de este tipo de soluciones que no resuelven nada. ¿Cómo sostenés esta conflictividad en el tiempo?
Pero aun así la fiscala Etchepare solicitó cada una de las acciones.
-Aquí todavía rige el Código Procesal Penal viejo, pero la jueza delegó todo a la fiscala y firmó cada cosa que planteaba. Etchepare siguió la línea de su antecesora, Sylvina Little, y en las reuniones de mediación era la primera en boicotear todos los espacios y las mesas de diálogo. Es una persona que tiene una actitud contraria a los derechos de los pueblos originarios, y en particular con Lof Lafken Winkul Mapu.
¿Por qué creés que en estos momentos se produce un operativo de esas características, con detenciones que marcan un antes y después en la historia de las recuperaciones territoriales?
-Porque históricamente nuestro país no ha tenido una política real de poder asumir estos conflictos. Está muy bien que figure en la Constitución, que digamos los pueblos originarios son preexistentes, pero no ha habido una política que permitiera darle causa a esto que es conflictivo y que efectivamente es una situación compleja, porque se lxs reconoce como legítimxs dueñxs antes que viniera la Campaña del Desierto, en este caso en el sur, y a la vez existen grandes negocios e intereses económicos. Pero tenés que restablecer los derechos. No es casual que todas esas juntas como Consenso Bariloche o agrupaciones que se muestran vecinales, constituyan intereses de empresas de turismo y de los lugares de poder económico. Frente a esos actores, al Estado le toca mediar y promover caminos de resolución, y esto no estuvo nunca, desde diferentes gobiernos, con distintas características.
¿Qué pasó con los relevamientos territoriales a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai)?
–Nunca se terminaron de hacer y está todo pendiente. Obviamente, cuando no hay una política activa, las cosas se resuelven como se puede en cada territorio, y terminan habiendo situaciones de violencia. Hubo un intento serio del Gobierno nacional al principio, con la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederik, cuando armó la mesa de diálogo y puso las primeras bases. Tuvimos un segundo intento de la Secretaría de Derechos Humanos, en el que se fue avanzando, pero a veces en el propio Gobierno no había una posición homogénea de los ministerios. Ambiente y Desarrollo Sostenible, de donde depende Parque Nacionales, tenía una idea diferente de la de Derechos Humanos.
¿Había una negación del conflicto?
-Sí, pero no desde una cuestión ofensiva, sino en el sentido de dar la discusión social. Porque si no, termina siendo Clarín el que te marca la agenda, y eso lo vimos con claridad en una causa en la que se había logrado que Parques Nacionales se bajara de la querella. Como se armó escándalo en los medios, al otro día se presentó en otra. Tu política no puede tratarse de estar midiendo qué hacés o no en el gobierno, en función de determinados medios de comunicación que representan a uno de los sectores en juego. Tampoco niego la complejidad, para nosotros como Gremial fue un aprendizaje, porque no venimos de una formación de derecho originario. Pero no es fácil decirle al otro o a la otra cómo debe manejarse, hay que trabajarlo y tener una discusión franca con toda la sociedad, y eso no sucedió.
En un escenario donde recrudecen los discursos de odio.
-¡Claro! Cómo puede ser que no se haya podido contestar el primer titular de Clarín que decía “falso mapuche”, cómo no va a salir un gobierno a contestar y explicar qué quiere decir esa barbaridad, a concientizar a la gente. Faltó esa iniciativa y la derecha terminó copando el discurso. Hoy pareciera que es la única voz.
¿Considerás que se somete la realidad del pueblo mapuche a un estado de sospecha permanente?
-Eso ya está instalado. En la ruta 40, a la altura de Lof Lafken Winkul Mapu, te demoran media hora para que armes una caravana con los coches, por si te llegan a hacer algo los mapuche. Crearon un grado de psicosis y enojo social, en el que el culpable es el mapuche. También hay bandas privadas, mal llamadas ligas patrióticas, como los gauchos de El Bolsón, que arman patrullas y recorren las calles a caballo, a la caza de mapuche, y circulan cadenas de whatsapp donde se dicen cosas graves, con un gran nivel de racismo.
¿Como Gremial llegaron a tener algún diálogo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad o con el Ministerio de Seguridad?
-No tuvimos ningún contacto y hasta el día de hoy nadie del Gobierno se comunicó con nosotros, aunque toda instancia de diálogo que se promueva, bienvenida sea. Con los únicos que tenemos relación es con Parques Nacionales (PN), que en este momento tienen la administración de ese territorio, y veremos si se puede abrir alguna instancia que permita el retorno de lxs mapuche. PN tiene una impronta fuerte en su propia historia, pero siempre está temeroso. Va a tener que sortear varios obstáculos.
¿Cómo caracterizarías todo lo que ocurrió?
-Lo viví en esto que tanto hemos hablado en Pelota de Trapo. Siempre discutimos mucho el carácter discriminador del pueblo argentino, su historia con los pueblos originarios. El allanamiento, la represión y la detención de estas mujeres fue como revivir la Conquista del Desierto. Cuando las trasladaron a Buenos Aires, se me vino la historia en todo su peso, con la isla Martín García cuando entregaban niñxs mapuche a las familias adineradas. Y me admiró algo de lo que Alberto Morlachetti siempre hablaba, sobre cuál era el lugar sagrado que tenían niños y niñas en los pueblos originarios, para tomar en nuestra cultura como un insumo fuerte. Me tocó vivir esa realidad, ver a lxs niñxs de la comunidad en un universo de respeto, en el que no eran propiedad privada de cada pareja. Me pregunto cuándo podremos tomar estos ejemplos de la comunidad en su desarrollo y plenitud. Sentí con dolor que no hay cambio, que el Estado argentino va a seguir siendo lo que fue, y sentí mucha impotencia por el como si: hablamos de diversidad cultural, pero en los hechos todo sigue como entonces.
Taffetani apela a esa resistencia ancestral que enseña a no olvidar, aunque los ataques redoblan y son tan sostenidos, se le recuerda, que podría despertar el miedo a oponer coraje. “De ninguna manera”, responde tajante. “La comunidad tiene una entereza muy grande y las mujeres poseen una dignidad que muchas deberían tener. Porque más allá de todo lo que vivieron, están bien paradas, y eso es admirable. No lograron quebrarlas. Del otro lado piensan que ya se resolvió, y esto no se resuelve para nada, los hombres de la comunidad siguen resistiendo con hambre y con frío. Quieren hacer aparecer a Lof Lafken Winkul Mapul como un mal ejemplo, porque no pidieron permiso y recuperaron los territorios sin los mecanismos usuales de generaciones anteriores, y por su carácter espiritual de tener una machi en la Argentina. Ellas saben que volver es solo cuestión de tiempo. Pero la relación de fuerzas es tan desigual, que demanda que todxs nos comprometamos.
FUENTE. Pagina 12
ENTREVISTA A ANDREA DESPO CAÑUQUEO SOBRE SU DETENCIÓN EN LA LOF LAFKEN WINKUL MAPU
Referente de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios en la sede trelewense de la UNP, destacada actriz y docente de la zona.
Andrea charló durante más de una hora y veinte con Prosa Urgente sobre su detención junto a otras mapuche en Mascardi, el maltrato recibido en la represión y en sus diversos traslados a distintas dependencias de detención y del genocidio como política de Estado más allá del color político del gobierno de turno, entre otros temas.
«UNA IDENTIDAD IMPUESTA NO ES UNA IDENTIDAD»
El desalojo en el Lof Lafken Winkul Mapu, una comunidad mapuche en Villa Mascardi, volvió a poner el foco sobre las disputas territoriales en la Patagonia argentina y la violencia racializada hacia los pueblos originarios.
Un análisis sobre el rol del Estado, los medios de comunicación hegemónicos y la reconstrucción del Pueblo Mapuche.
El operativo en Villa Mascardi, llevado adelante por más de 250 efectivos de cuatro fuerzas federales distintas, estuvo plagado de irregularidades y generó un enorme rechazo entre los organismos de derechos humanos y hasta en algunos sectores del propio oficialismo. La detención de niñes y de siete mujeres mapuches, cuatro de las cuales fueron trasladadas forzosamente a Buenos Aires sin conocer los cargos que se les imputaban y sin informar a la comunidad y a su defensa legal sobre su situación, provocó la “renuncia indeclinable” de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Además, una de las detenidas transitó las últimas semanas de su embarazo en prisión domiciliaria.
El Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi fue creado el 3 de octubre por medio de la resolución 637, firmada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. El motivo que se desprende del texto es el incendio de una casilla de la Gendarmería Nacional, llevado adelante el 26 de septiembre por un “grupo de encapuchados” que automáticamente fueron asociados a la comunidad mapuche de Villa Mascardi. La resolución misma usa el condicional, al afirmar que “los episodios en cuestión habrían sido protagonizados por miembros de la comunidad autodenominada ‘Lof Lafken Winkul Mapu’, y que, asimismo, los atacantes habrían empleado distintos tipos de armas, entre ellas armas de fuego”. La falta de certezas no impidió que medios como Clarín o Infobae y personajes mediáticos como el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, aseveraran que se trató de un ataque de miembros de esta comunidad y exigieron la intervención del Estado nacional, pedido que fue respaldado por miembros de la oposición como Patricia Bullrich, Mario Negri y Mauricio Macri.
La decisión de llevar adelante este procedimiento, según explica Orlando Carriqueo, werken (vocero) del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, “se explica por un acuerdo político entre el gobierno de Río Negro y el gobierno nacional”, pero, además, “tiene que ver con las políticas extractivas que tienen pensado desarrollar en los territorios”. Sobre este punto coincidió Mauro Millán, lonko (cacique) de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza de Chubut: “El poder económico-empresarial, el aparato judicial y el poder político quieren plantear el falso dilema de la soberanía. Sabemos perfectamente que no les importa, porque despliegan una serie de políticas entreguistas del territorio. Cada gobierno que pasa deja allanado más el camino, más ahora que van a pagar la deuda eterna y externa que dejó el macrismo con el territorio y los recursos naturales”.
Millán denunció el sostenido proceso de extranjerización de la tierra en todo el país, que llevó a que en la actualidad casi 11 millones de hectáreas rurales estén en manos extranjeras, según figura en la última información de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales. Estos terrenos fueron comprados por empresas para proyectos extractivistas o por magnates para su uso personal, como el conocido caso de Lago Escondido, “propiedad” de Joseph Lewis, que se rehúsa a acatar el fallo que lo obliga a liberar el acceso público a la fuente de agua.
El desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu poco tuvo que ver con la “guerra contra el terrorismo”, cuyo máximo representante sería la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una supuesta organización terrorista que nadie puede precisar quién la integra y que fue el caballito de batalla durante el gobierno de Mauricio Macri para recrudecer la violencia hacia los pueblos originarios de la Patagonia. La incomprobada intervención de esta organización, de la que varias comunidades mapuches sospechan que se trata de una invención de los servicios de inteligencia de Argentina y Chile para deslegitimar los reclamos territoriales de las poblaciones indígenas, fue la excusa para la violenta represión que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche, Rafael Nahuel, en 2017. Justamente, en la misma zona que hoy está en el foco de atención, Villa Mascardi.
Un historial de violencia estatal
El accionar del gobierno nacional en el desalojo fue duramente cuestionado por los organismos de derechos humanos. La causa judicial, a cargo de la jueza Federal subrogante Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare, “se encuentra en secreto de sumario, por lo que no es posible saber si existen pruebas contra integrantes de la comunidad”, según explicaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado. En diálogo con BiodiversidadLA, Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad Democrática de ese organismo, explicó que el procedimiento en Mascardi “presenta muchas dudas”. Según el investigador, “en la causa judicial que da lugar a la orden de allanamiento se investiga el ataque a la garita de Gendarmería; sin embargo, la orden de la jueza excedió en mucho esa causa, ya que además de un allanamiento para buscar información o pruebas sobre ese hecho, ordenó el desalojo de la comunidad que estaba asentada en esos territorios desde 2017, ignorando o pasando por encima de las otras causas donde se están discutiendo la cuestión de la disputa por esos terrenos y en las que varios y varias integrantes de la comunidad ya habían sido sobreseídas”.
Según Trufó, este problema debería haber sido abordado de otra manera y se debería haber dado continuidad a algunas de las políticas de diálogo iniciadas en 2020, cuando la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación era todavía Sabina Frederic. “Estas conversaciones obviamente no son fáciles pero si el mismo gobierno nacional que primero las promovió después las boicotea y las deja languidecer, no hay manera de que el diálogo prospere. Y esa debería haber sido la manera de encauzar este conflicto”, consideró.
Por fuera de las violaciones a las garantías procesales de las detenidas y de la falta de cuidado de las infancias, el accionar que tuvo lugar en Mascardi desconoce la propia legislación nacional, como la ley 26.160, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende los desalojos de las tierras que ocupen las mismas. O, incluso, desoye los tratados internacionales que fueron incorporados en la Constitución a partir de la reforma de 1994, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los Estados a la consulta abierta, libre e informada de las comunidades cuando se decida tomar alguna decisión que las afecte.
La historia de violencia hacia los pueblos originarios es larga y traumática, con marcas que perviven en las generaciones. Millán puntualizó sobre esto: “El pueblo mapuche viene hace más de un siglo de momentos trágicos, mucho peores de los que vivimos hoy en día. Pero el eco está, porque la Conquista del Desierto la vivieron mis bisabuelos. Mi abuela y mis padres vivieron los daños colaterales, como también la generación mía y la de mis hijos. Insisto, si no se considera a los pueblos mapuche y mapuche-tehuelche con sus derechos fundamentales específicos, nunca va a haber una discusión política a la altura de las circunstancias. Acá nos impusieron una identidad y la identidad impuesta no es identidad”.
Para el lonko de la comunidad Pillán Mahuiza, las posiciones del pueblo mapuche en relación a los vínculos con el Estado pueden resumirse en dos: los afueristas y los entristas. Los primeros, entre los que se encuentra Millán, consideran que la lucha debe darse no desde la idea del reformismo o el integracionismo, sino desde la interpelación al Estado y la búsqueda de derechos fundamentales. Por su parte, los entristas consideran que ciertos partidos de tendencias de izquierda o centro izquierda pueden forzar reformas en el Estado que permitan, por fin, el reconocimiento pleno de su existencia y su derecho al territorio.
Para el referente mapuche, esto último no sucede porque “hay una matriz que no se reemplaza, que es la matriz capitalista y extractivista, que implica la perpetuidad de los compromisos que tienen las estructuras de poder nacionales con las potencias económicas extranjeras”. Desde su experiencia personal, considera que en relación a las posturas hacia los pueblos originarios “no hay una expresión partidaria, al menos de las que han gobernado hasta el día de hoy, que tenga una política profundamente diferente a lo que conocemos como la derecha en la Argentina, que es supremacista y racista. Los gobiernos progresistas me preocupan más, porque generalmente se camuflan y terminan consumando lo mismo que hacen otro tipo de corrientes políticas”.
Orlando Carriqueo, por su parte, señaló que sí encontró una diferencia con la gestión anterior: “Yo creo que sí hubo una diferencia, y es que el procedimiento no terminó con muertos, a diferencia del de Patricia Bullrich en el 2017. Pero la reciente operación en Mascardi significó el armado del Comando Unificado, que en su momento había planteado Bullrich. Este gobierno ha violado todos los derechos humanos que dice defender, salvo que para los indios no haya derechos humanos, entonces eso también hay que blanquearlo”.
Por su parte, el integrante del CELS no disimuló sus críticas al accionar del Estado nacional, aunque planteó ciertos matices entre la gestión en funciones y lo actuado por Patricia Bullrich: “Durante la gestión del PRO hubo un plan organizado de represión de las comunidades mapuches que implicó la articulación con las gobernaciones y los poderes judiciales provinciales, con la Justicia y las fuerzas federales, que tuvo el uso de la figura de ‘flagrancia’ y acciones de inteligencia ilegal. Toda una serie de cuestiones que estaban orientadas a reprimir a estas comunidades bajo el paraguas de la construcción de un fantasma, una organización extremista, violenta y sofisticada a la que llamaron RAM”.
Para Trufó, la gestión de Sabrina Frederic desarticuló esta estrategia e inició políticas tendientes al diálogo, pero con el ingreso de Aníbal Fernández al frente de la cartera de Seguridad “se empieza a desdibujar un poco esa diferencia, sobre todo con la decisión de crear un comando conjunto de fuerzas federales”, y agregó que “si bien la respuesta fue a través del aparato represivo del Estado, sigue siendo todavía una respuesta reactiva a presiones muy fuertes que emanaron, básicamente, del gobierno provincial de Río Negro y no una respuesta proactiva o un plan organizado como el que había desplegado Patricia Bullrich”.
El rol de los medios de comunicación
Un actor fundamental para el armado de las campañas en contra del pueblo mapuche son los medios masivos de comunicación. Sea dando por ciertas acusaciones sobre “ataques terroristas” que no han sido probados o dándole espacio a actores sociales que operan abiertamente contra los derechos indígenas en pos de intereses políticos y económicos, los medios hegemónicos despliegan toda una serie de recursos retóricos que suelen trabajar sobre la idea de “salvaguardar a la patria” de los ataques de grupos violentos que actuarían dentro del país. No es algo nuevo, sino que se trata de una adaptación vernácula del discurso de la guerra contra el terrorismo y el enemigo interno, que Estados Unidos se encargó de propagar por Occidente después del atentado a las Torres Gemelas.
Como bien indica Trufó, en las coberturas de los medios hegemónicos “nunca se visibilizan todos los intentos de los pueblos indígenas de tramitar a través de los canales legales, jurídicos y políticos de diálogo que no tienen ninguna respuesta”. Pero, además, hay una marcada intencionalidad de desinformar cuando se cubren estos temas, “no sólo en la Patagonia, sino a lo largo y ancho de Argentina y de todo del continente”, agregó Millán.
El objetivo de generar este clima de violencia, interpreta Carriqueo, está vinculado con avalar el desplazamiento de las comunidades para seguir apropiándose de los territorios y poder llevar adelante políticas inmobiliarias, extractivas y forestales. Sin embargo, valoró que contra ese discurso se alzan otras voces que sí dan cuenta de la otra historia, la que se escribe desde el territorio: “Nosotros ponemos en valor a los medios y radios comunitarias, además de la radio nacional, que han sido fundamentales para que nuestra palabra se escuche en todo el país. Eso genera una respuesta frente a un discurso que por momentos parece ser el único”.
La reconstrucción del Pueblo Mapuche
Las principales reivindicaciones que plantea el Pueblo Mapuche tienen que ver con el territorio, con la necesidad del desarrollo propio y de poder vivir de la manera que cada comunidad se plantee para sí. En este sentido, Carriqueo considera que un primer paso importante sería el reconocimiento por parte del Estado del genocidio hacia los pueblos indígenas, para poder instalar socialmente la discusión del derecho al territorio. Esto va de la mano del rechazo a los proyectos mineros, que no sólo no son consultados con los pueblos indígenas y las comunidades que habitan las zonas afectadas, sino que no tienen en cuenta el impacto sobre la espiritualidad de un pueblo que considera que estos emprendimientos “atacan a la Mapu (tierra), porque ataca a los Ngen (espíritus) que están en el territorio, las fuerzas que nosotros sabemos que están presentes y que son parte de nuestra cosmovisión”, explicó el vocero del Parlamento Mapuche.
A pesar de los ataques de las empresas y el Estado contra las comunidades mapuches, la reconstrucción de sus sociedades continúa, más de 100 años después del genocidio que significó la mal llamada “Campaña del Desierto”. Uno de los principios fundamentales del mundo mapuche y mapuche-tehuelche, explicó Millán, tiene que ver con defender los territorios, habitarlos y poder ser autónomos y autosuficientes en ellos. “Todo lo que atente contra nuestros principios espirituales, ideológicos y filosóficos va a tener una reacción del pueblo mapuche y mapuche-tehuelche”, sintetizó.
Esto representa un inconveniente para los dueños de los proyectos extractivos, que solo evalúan variables económicas y para los cuales la presencia de los pueblos indígenas constituye una amenaza para el aumento de sus ganancias. El lonko sintetizó el sentimiento de lucha que los impulsa: “Pensaron que invadiendo el territorio e imponiendo una cultura iban a tener un final acorde a sus proyectos. Eso no sucedió, seguimos existiendo, seguimos pariendo hijos, seguimos viviendo en los territorios y defendemos un proyecto de vida, como cualquier pueblo de cualquier parte del mundo”.
Por Ignacio Marchini para agencia de noticias BiodiversidadLA – ignaciomarchini@gmail.com
EDUARDO SOARES, INTEGRANTE DE LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS.
Se refirió a la medida tomada por la jueza y las acciones a seguir por parte de la organización que defiende a las detenidas.
Silvina Domínguez, jueza federal subrogante, dictó la medida sobre cuatro de las siete mujeres mapuche, sobreseyó a dos y ordenó la detención de los varones que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu.
La magistrada procesó a la machi Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas como coautoras del delito de usurpación por despojo del ex Hotel Mascardi y del emprendimiento «La Escondida», y las embargó por 10 millones de pesos. Por otra parte, procesó a María Celeste Ardaiz Guenumil por su presunta participación en el suceso identificado como “La Escondida” y trabó el embargo por 5 millones de pesos.
Las cuatro mujeres mapuche se encuentran en prisión domiciliaria por ser madres de niños menores de cuatro años.
Florencia Melo y Débora Vera, quienes estaban detenidas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fueron sobreseídas.
Andrea Despo Cañuqueo, la séptima detenida, había sido liberada una semana después del desalojo por entender que no pertenecía a la comunidad mapuche y que había asistido para ser tratada por la machi Betiana Colhuan.
AUDIO Radio Nacional
ENTERATE QUE HUBO UNA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA SITUACION DE LAS PRESAS MAPUCHE– Aníbal Aguaisol
Si te informás por los medios «tradicionales» de comunicación (les jode que les digan hegemónicos) no te vas a enterar que hoy hubo una conferencia de prensa para conocer de primera mano cuál es la situación de las 6 mujeres presas políticas Mapuche que fueron detenidas en el desalojo de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
No te vas a enterar porque ninguno de estos medios asistió a la convocatoria: sólo comunicadores y comunicadoras populares de medios comunitarios estuvieron presentes.
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