El 22 de octubre de 2022 en el municipio de San Agustín, Huila, más de 200 personas de comunidades y organizaciones sociales, campesinas e indígenas de los departamentos del Huila, Caquetá y Cauca, nos encontramos con el ánimo de contribuir a la construcción de sentidos comunes del territorio, así como demandas y propuestas para incidir en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. De igual manera, buscamos avanzar en una agenda social y política autónoma desde las comunidades y sus organizaciones que trascienda los escenarios gubernamentales y se proyecte a mediano y largo plazo.
Este documento recopila las ideas y sentires que construimos durante la Juntanza.
Somos Macizo, narrativas sobre nuestro territorio
Para quienes nos encontramos en esta Juntanza Social y Popular del Macizo colombiano, este territorio es un lugar sagrado, cuna del agua y fuente de vida que da soporte a la diversidad biológica y cultural. Aquí se recrea nuestra espiritualidad y se configura un multiverso de posibilidades para vivir en armonía con la madre naturaleza.
El Macizo es agua: en él habita el espíritu del agua, de las nubes y las montañas donde existen multitud de cuerpos de agua donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía; cuencas que se extienden hacia los Andes, el Pacífico, el Caribe y la Amazonía, alimentando a su paso la diversidad de ecosistemas y formas de vida.
El Macizo es biodiversidad: es el Oso de Anteojos, la Danta Andina, el Frailejón, el Roble Negro, el Gallito de Roca, el Cóndor, el águila y la serpiente. Una fauna y flora únicas con las que los pueblos y comunidades que habitan este territorio han entablado una multiplicidad de relaciones que dan soporte y sentido a la diversidad cultural.
El Macizo es diversidad cultural: es nuestra casa grande, el hogar de nuestros ancestros, la cuna de culturas milenarias que perviven y trascienden en diferentes formas de ser y estar en el territorio, que han dejado vestigios que son testimonio de la riqueza artística, espiritual y cultural del Abya Yala que se resiste a morir. El Macizo es las semillas nativas y criollas, que son alimento y medicina, bienes comunes para las comunidades campesinas e indígenas que resguardan un conocimiento ancestral para garantizar la autonomía y soberanía alimentaria para la pervivencia actual y de generaciones futuras.
El Macizo es potencia mundial de la vida: ha sido reconocido internacionalmente como reserva de la biosfera por sus recursos genéticos, su diversidad de especies, ecosistemas, paisajes y culturas que son de importancia estratégica para la humanidad, especialmente en la actual crisis ambiental que pone en riesgo la vida en el planeta.
Conflictos en el Macizo
La Juntanza nos permitió dialogar acerca de las situaciones que amenazan la biodiversidad y la pervivencia física y cultural de los pueblos del Macizo. Identificamos algunos conflictos socioambientales que requieren de acciones de justicia y garantía de los Derechos por parte del Estado, y de una mayor participación política de la ciudadanía.
El modelo económico que privilegia la ganancia y la acumulación de capital ha instalado prácticas extractivas que han impactado negativamente sobre la diversidad biológica y cultural, poniendo en riesgo el equilibrio ecosistémico y el buen vivir de los pueblos.
La diversidad ecosistémica del Macizo es apetecida por actores corporativos y grupos económicos que encuentran en el río, el bosque, la fauna y la flora una fuente de riqueza susceptible de ser apropiada individualmente. Proyectos económicos minero energéticos, los monocultivos agroindustriales como el aguacate y el café, el uso de transgénicos y agrotóxicos, la caza y la tala para el tráfico y la comercialización de especies de flora y fauna, vienen amenazando la biodiversidad y la agrobiodiversidad poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, reduciendo la capacidad de adaptación y mitigación al cambio climático de los seres y culturas que habitan este territorio.
Así mismo y como parte de aquella acción privatizadora que adelantan los procesos extractivistas, identificamos como amenazas la construcción de represas para la generación de energía que beneficia a actores privados nacionales y trasnacionales; la compra y acumulación de predios por parte de empresas nacionales y extranjeras; la privatización de los acueductos comunitarios y, la promoción de formas de mercantilización de los bienes comunes y los servicios ecosistémicos como los mercados de bonos de carbono poco transparentes y sin control.
Reconocemos que las disputas por la tierra, los bienes comunes y el control social y político de las poblaciones se han expresado históricamente en este territorio. El Macizo colombiano ha sido escenario del conflicto social y armado, así como de los conflictos socioambientales entre diversos actores que han aplicado mecanismos de despojo violento – en algunos casos legales – ocasionando el desplazamiento y la eliminación de formas diversas de organización social que han creado los pueblos y comunidades para la gestión territorial.
Estos quiebres en el tejido social y en las condiciones de pervivencia de los pueblos y comunidades que habitan este territorio, ha tenido incidencia en el deterioro de la capacidad de organización social para la participación y autogestión de procesos culturales y políticos de resistencia y reexistencia. Además, la fragilidad de procesos alternativos de comunicación y educación popular han conducido a la pérdida de la riqueza cultural, generando un mayor dominio de matrices informativas y culturales dominadas por intereses transnacionales y élites nacionales y regionales que subordinan los pueblos a sus intereses.
A estos elementos se suma la deficiencia de la acción estatal para garantizar las posibilidades para el desarrollo de las economías de los pueblos y comunidades que habitan el territorio. La precariedad en las infraestructuras productivas, servicios públicos y programas sociales para la promoción y garantía de los derechos al trabajo, la salud y la educación, conducen a una mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Es un hecho que las políticas públicas de conservación de los recursos naturales que desconocen las necesidades de los y las habitantes del Macizo y la falta de una reforma rural integral para garantizar el uso, la ocupación y acceso progresivo a la propiedad sobre la tierra han generado profundas desigualdades sociales que se expresan en el incremento de los índices de pobreza y marginalidad. Mientras se otorgan licencias para la explotación de los recursos, las territorialidades campesinas y étnicas son desamparadas, afectando la autonomía para ejercer la gobernanza del territorio y generar procesos de conservación propios.
Finalmente, consideramos que entidades públicas como las corporaciones autónomas regionales vienen adoptando políticas, programas y proyectos que favorecen la corrupción y privilegian intereses particulares que afectan la gobernanza. Las comunidades y sus organizaciones hemos visto reducida la participación por falta de información y garantías para el ejercicio del derecho a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
Gobernanza participativa y gestión comunitaria del territorio
Las personas, comunidades y organizaciones que nos encontramos en la Juntanza Social y Popular del Macizo colombiano exigimos al Estado y a las instituciones multilaterales que la recuperación, protección y gestión de los territorios debe hacerse con sus habitantes, con el reconocimiento de las comunidades étnicas y campesinas como sujetos de derechos con capacidad de decisión sobre las políticas de conservación ambiental que nos afectan e involucran.
Exigimos una participación amplia y diversa de las organizaciones campesinas, indígenas y ambientales en la dirección de las instancias de planificación y ordenamiento del territorio, como las CAR, POMCA, POT, EOT, entre otros, de tal manera que se garantice un gobernanza democrática adecuada a las características socioculturales del territorio.
Exigimos la modificación de la Ley 142 de 1994 y proponemos la formulación, aprobación y reglamentación de una ley de acueductos rurales que garantice su gestión comunitaria, definiendo un uso sustentable del agua para el aprovechamiento doméstico y la producción de alimentos y actividades de la economía campesina y familiar.
Por todo lo anterior, consideramos urgente la aprobación, reglamentación y puesta en marcha del Acuerdo de Escazú para garantizar procesos adecuados de gestión y acceso a la información, el conocimiento y la participación ambiental.
Modelos propios de desarrollo territorial y prácticas de preservación de la biodiversidad
Proponemos el impulso de proyectos de monitoreo ambiental comunitario sobre problemas de deforestación, caza y contaminación, que estén acompañados con iniciativas de reforestación de los bosques nativos, la descontaminación de las fuentes hídricas de la región, junto con la gestión comunitaria del agua. Para ello, es necesario que se reconozca el trabajo que desempeñan los acueductos comunitarios y las formas de territorialidad que han venido construyendo y exigiendo el campesinado y los grupos étnicos, como lo son las zonas de reserva campesina, los territorios campesinos agroalimentarios y los territorios indígenas.
El reconocimiento y promoción de estas territorialidades de las comunidades rurales requiere de una reforma rural integral que garantice el acceso progresivo a la propiedad sobre la tierras de campesinos e indígenas que han sido despojados, desplazados y lanzados a la frontera agrícola. Se requiere de la compra de tierras con vocación agrícola para la reubicación de la población que actualmente reside en zonas de protección. Asimismo, se requiere de políticas que armonicen las formas de vida campesina con las figuras de protección ambiental como los parques naturales y las reservas forestales, que reconozca la labor de cuidado y protección que ejercen las comunidades que habitan este territorio.
Ante la pérdida de la agrobiodiversidad y la contaminación de la tierra y el agua a causa de las prácticas productivas inadecuadas, es necesario iniciar un proceso de transición agroecológica, para salvaguardar las semillas nativas y criollas, fomentando la diversificación de la economía local y garantizando el funcionamiento de los sistemas de acopio y distribución con un enfoque de autonomía y soberanía alimentaria. Asimismo, apoyar la innovación en el procesamiento de alimentos para la agregación de valor y, el desarrollo de empaques de productos alimenticios biodegradables para abandonar progresivamente el uso de plástico.
No a la imposición de proyectos extractivistas
Exigimos la declaratoria de una moratoria del plan de aprovechamiento del Rio Magdalena, hasta tanto no sea socializado, discutido y construido de manera participativa con las comunidades. Esto, en el reconocimiento de la importancia de la gestión comunitaria del recurso hídrico y la construcción de un modelo de gobernanza adecuado a las realidades territoriales.
Exigimos que se detenga la construcción de hidroeléctricas. Proponemos que desde el Estado se desarrollen políticas y programas de apoyo a la producción, venta e intercambio de energía comunitaria local. Esto incluye el apoyo a proyectos comunitarios de energías renovables y a medidas de eficiencia y de ahorro energético. Estas políticas y programas deben garantizar que la transición energética sea descentralizada, democrática y justa.
Exigimos la declaratoria de una moratoria minera que permita una revisión, evaluación y revocatoria de títulos de explotación que vienen causando afectaciones y en algunos casos daños irreparables al ecosistema.
Exigimos la evaluación y transformación de los mecanismos de pagos por servicios ambientales, en especial, los programas de bonos de carbono, para garantizar la autonomía de las comunidades en el control y gestión de los recursos, sin que la intermediación financiera privada se apropie del beneficio. Para ello, se requiere de un diálogo permanente con los directivos de las instituciones involucradas (MinAmbiente, las CAR, el ANLA, etc) y la Presidencia de la República, para buscar soluciones favorables a las comunidades locales.
El valor de los saberes propios
Proponemos un modelo de vida sostenible y adecuado a las características ecosistémicas del territorio requiere de un cambio cultural y la superación de las desigualdades sociales; para ello la educación cumple un papel importante. Se exige la creación de una universidad del Macizo que atienda las necesidades educativas de los habitantes y desarrolle iniciativas de investigación participativa en el territorio. Proponemos la incorporación de la cátedra del Macizo en los currículos de educación básica primaria y secundaria, en el que se imparta información y conocimiento sobre las características bioculturales del territorio. Este modelo educativo debe estar basado en el diálogo de saberes entre las comunidades indígenas, afro y campesinas.
Nueva gobernanza para el Macizo
El Macizo colombiano reclama un lugar importante en el ámbito público local, regional y nacional, en el que se reconozca como un ecosistema estratégico de especial atención en la política pública nacional de protección ambiental y desarrollo sustentable. Se requiere de la realización de una nueva expedición técnico científica al Macizo, que contribuya con información y difusión del conocimiento sobre esta región. En este mismo sentido, se propone crear la Ruta Águila Real de Montaña como patrimonio natural y cultural que aporte relevancia de los lugares sagrados en procura de su protección y cuidado.
La naturaleza como sujeto de derechos ha ido ganando espacio en el sistema jurídico nacional, contribuyendo al cambio en el paradigma de la conservación y la relación humano-naturaleza a través del reconocimiento de los derechos bioculturales, los cuales “hacen referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios -de acuerdo con sus propias leyes, costumbres- y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad” tal y como lo definió la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016. En consecuencia, se propone que el Macizo sea reconocido como sujeto de derecho y se garanticen los derechos bioculturales de las comunidades que habitan este territorio, profundizando también las acciones del Estado frente a la Cuenca de las cuencas de los Ríos Magdalena y Cauca, también declaradas como sujetos de derechos.
En 1978, mediante el Acuerdo 56, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró parte del Macizo (8.550 Km2) como Reserva de la Biosfera dada su diversidad biológica y cultural. Demandamos realizar una delimitación y reglamentación de la Reserva de la Biósfera, ajustada a la delimitación geográfica realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Parques Nacionales Naturales (PNN) y el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano (SIRAP Macizo) entre 2005 y 2007, la cual abarca una extensión de 4,8 millones de hectáreas que cubre 89 municipios de 7 departamentos.
Finalmente, reiteramos la exigencia a las entidades públicas del orden municipal, departamental y nacional, de ampliar la participación y profundizar la democracia para lograr una gobernanza adecuada a la diversidad del territorio. Proponemos que se impulsen nuevos espacios de diálogo intercultural e intersectorial para la gobernanza del Macizo, que se piense más allá de los límites y divisiones político administrativas del Estado, lo que permitirá comprender este territorio como una gran región de diversidad biológica, cultural, ecosistémica de importancia para Colombia y toda la humanidad.
En la juntanza nos comprometemos
Nosotras y nosotros, en la pluralidad de perspectivas, experiencias y deseos que constituyen esta Juntanza, nos encontramos en el propósito común de defender la madre tierra, a cambiar nuestra relación con el territorio e iniciar una transición agroecológica para el cuidado de la agrobiodiversidad.
Somos conscientes de los desafíos que enfrenta la humanidad y en especial este territorio, reserva de la biosfera, ante la crisis ambiental que pone en riesgo la vida en el planeta tierra. Esto requiere del diálogo permanente para el entendimiento, el hermanamiento y la juntanza para tejer pensamiento y acción común en defensa de la vida. Por ello, nos comprometemos a promover procesos interculturales de diálogo y coordinación.
Nos comprometemos a la organización social, a fortalecer iniciativas de gestión comunitaria del agua, de la tierra y los bienes comunes e iniciativas de conservación y restauración ecológica. Defenderemos los acueductos comunitarios y las figuras de ordenamiento y gobernanza territorial de los pueblos étnicos y comunidades campesinas.
Asumimos el compromiso de informar, educar y aprender sobre el territorio, en un diálogo permanente de saberes. Reconocemos que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, compartiremos de manera permanente las experiencias de conservación y cuidado de la naturaleza que ya estamos adelantando no solo para hacer visibles las amenazas que enfrentamos sino para, sobre todo, fortalecer las alternativas que proponemos.
Promoveremos el diálogo político para profundizar la democracia. Haremos seguimiento a las propuestas y compromisos de este mandato popular de la Juntanza y haremos el ejercicio de veeduría y control político a las decisiones que se adopten en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, de manera autónoma y con el apoyo de aliados importantes como la Bancada del Macizo en el Congreso.
“… de la montaña viene bajando el canto del agua”
Macizo colombiano. San Agustín, Huila, 22 de octubre de 2022.
Por un territorio biodiverso para la vida, la dignidad y la paz