Por Ana Cristina Alvarado, Resumen Latinoamericano, 10 de octubre de 2022.
El Primer Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador reivindicó los derechos de los pueblos y nacionalidades a la autogobernanza y autodeterminación. Los asistentes intercambiaron conocimientos y contribuyeron a la creación del Mandato Ley de la Guardia Indígena para fortalecer la defensa de los territorios.
Hace un siglo, durante el boom del caucho, Gawe vigilaba cada centímetro de su territorio. Caminando bajo la lluvia amazónica, a ratos sentado bajo un tronco, el joven waorani cuidaba que ningún cowori o extraño cruzara esos límites.
Gilberto Nenquimo, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), cuenta que defender su territorio ha sido, para los waorani, una cuestión de vida o muerte desde que ocurrió el primer encuentro con foráneos. De ese bosque han obtenido agua, alimentos, medicinas y las herramientas necesarias para su subsistencia. En ese bosque habitan los espíritus de sus ancestros, convertidos en jaguares protectores de la selva.
Con la presión de los colonos, muchos waorani volcaron sus esfuerzos a cubrir nuevas necesidades impuestas desde las ciudades. Desde hace cinco años, el incremento de la actividad petrolera, la minería y la tala ilegal obligaron a los waorani a retomar el legado de Gawe. Al menos dos docenas de hombres y mujeres conformaron grupos de monitores y guardias para defenderse de nuevas amenazas.
Los waorani no son los únicos que están organizándose para cuidar sus espacios de vida. Alrededor de una decena de guardias y monitores de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador asistieron al Primer Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador el pasado 10 de septiembre. La reunión fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (Confeniae) y la comunidad A’i Kofán de Sinangoe, con el apoyo de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y Amazon Frontlines, una ONG cuya misión es apoyar las luchas de los pueblos indígenas amazónicos para defender sus derechos y los de la naturaleza.
Los indígenas tienen que caminar largas distancias para vigilar sus territorios, pero también tienen que estar preparados para defenderse de cazadores, mineros y madereros que entran ilegalmente a las propiedades comunales. Los poblados de la frontera colomboecuatoriana corren un riesgo aún mayor: grupos armados quieren apoderarse de sus territorios para sembrar coca, procesarla y traficar cocaína.
“Los abuelos tenían la capacidad de cuidar el territorio a través del tigre, por la tierra; de la boa, por el agua, y del águila, por el aire. Desde un solo lugar, desde la casa de remedio”, dice Mario Erazo, en referencia al yagé o ayahuasca, considerada la medicina o el remedio ancestral amazónico. Erazo es el coordinador de territorio en el resguardo Siona de Buenavista, en territorio colombiano, y en plena frontera con Ecuador. Pero todas las presiones colonizadoras y los intereses extractivos han afectado la espiritualidad de este pueblo indígena. “Los abuelos que aún practican la medicina reconocen que se ha debilitado y que hay menos capacidad de cuidar un territorio espiritualmente”, continúa. Entonces, en 2008 se vieron obligados a conformar una “guardia visible”, con hombres, mujeres y jóvenes.
Una de sus primeras victorias fue haber informado y unido al resguardo para rechazar cualquier intervención petrolera en su territorio. En 2019, la empresa británica Amerisur Resources hizo una consulta previa para realizar una exploración sísmica en el territorio ancestral, también conocido como Pueblo Ziobain. Las comunidades Bajo Santa Elena y Santa Cruz de Piñuña Blanco —todas ellas vecinas de Buenavista—, permitieron la entrada de la empresa, pero al poco tiempo se dieron cuenta de que no fueron informadas con honestidad sobre los impactos que desencadenarían las actividades. Aunque Buenavista fue la única que le dijo que no al petróleo desde el principio, hay operaciones a menos de 4 kilómetros del resguardo. Esto ha provocado que sus habitantes, según dicen, sufran por la contaminación provocada por los derrames de crudo y por los ruidos de las máquinas.
Para Erazo, la Guardia cuida al territorio y a sus habitantes para evitar la desaparición de esta población. En esa línea, se procura que los miembros reciban formación cultural, en derechos y en distintas áreas que permitan que este grupo sea un semillero de líderes y lideresas. En este 2022 empezaron a formarse en el uso de tecnologías como drones, cámaras trampa y herramientas de georreferenciación para obtener datos que les permitan visibilizar las amenazas a sus tierras.
La tecnología, aliada del conocimiento ancestral
En Ecuador, Sinangoe es una de las comunidades con más experiencia en el uso de tecnologías para el monitoreo de su territorio. En 2017, los indígenas A’i Kofán de esta comunidad conformaron su guardia y emitieron su Ley Propia de Control y Protección del Territorio Ancestral. Estas resoluciones se tomaron en asamblea general, después de que, por cerca de un año, un grupo monitoreó las 62 000 hectáreas del territorio y encontró pruebas de que su casa común estaba en riesgo por actividades como la minería, la tala o la caza realizada por colonos. Esto sucede a pesar de que el territorio de Sinangoe está dentro del Parque Nacional Cayambe Coca y que debería contar con la protección estatal. Esta área protegida fue creada en 1970 de manera unilateral, sin consultar a sus habitantes ancestrales.
Nicolás Mainville, biólogo y coordinador de defensa territorial de Amazon Frontlines, acompañó la formación en tecnologías y la construcción del plan de vigilancia territorial de la comunidad de Sinangoe. Él dice que las cámaras trampa son una de las herramientas más usadas. Mainville recuerda que los indígenas aseguraban que en su territorio estaban pasando cosas, pero no sabían exactamente qué. La primera vez que revisaron las cámaras se encontraron con 180 imágenes que revelaban el ingreso de grupos mineros organizados que llegaban con gasolina, motores, motosierras, escopetas y otras armas y herramientas. Con esta información, los recorridos de la naciente guardia se volvieron más frecuentes y se apoyaron en la Ley Propia para notificar, requisar y denunciar a los invasores.
En 2018, en uno de los recorridos, la Guardia encontró retroexcavadoras en busca de oro en el río Aguarico, la principal fuente de agua, alimento y vía de transporte de Sinangoe. Al hacer una búsqueda en internet, se enteraron de que el Estado había otorgado 22 concesiones mineras sin realizar una consulta. Y no solo eso, otras 30 concesiones estaban en trámite. “El uso de la tecnología ha sido clave porque podíamos demostrar el daño en la ubicación y fecha exacta”, dice el biólogo.
Sinangoe empezó una batalla legal que finalizó a inicios de 2022, cuando la Corte Constitucional ratificó un fallo que destaca que su derecho a la consulta previa, libre e informada fue violado. La sentencia también reconoce el derecho a la autodeterminación y autogobernanza de los pueblos y nacionalidades indígenas para “mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia y formas de organización social”.
Además de la jurisprudencia emitida por la Corte, a las guardias indígenas les cobija un amplio marco legal. Por ejemplo, el artículo 171 de la Constitución del Ecuador indica que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”. Por su parte, en el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT se lee: “Deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”.
Lo anterior contradice el discurso que han intentado imponer los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, donde han tildado a las guardias indígenas de grupos paramilitares o parapoliciales.
“La guardia es un ejercicio de nuestro propio derecho, que viene desde nuestros orígenes, desde nuestros abuelos. Ellos han sido los cuidadores del territorio”, explica Álex Lucitante, indígena A’i Kofan ganador del premio Goldman 2022, junto a Alexandra Narváez. Esta protección ancestral puede corroborarse con imágenes satelitales de Global Forest Watch que muestran que, mientras la deforestación avanza en el Parque Nacional Cayambe Coca, esta se detiene en los límites del territorio ancestral de Sinangoe, que es protegido por la guardia y sus habitantes. Una imagen satelital revela que 1 870 hectáreas han sido deforestadas entre 2001 y 2021 en los 10 primeros kilómetros contados desde los bordes del área protegida, según Global Forest Watch.
Lo anterior es una muestra de su capacidad de protección y conservación frente a lo que Amazon Frontlines ha llamado el fracaso de las entidades gubernamentales que están obligadas a evitar las actividades extractivas en las áreas protegidas, pero no hacen un efectivo control. En el caso de Sinangoe, los colonos también han llegado a su territorio en busca de madera y deforestaron 10 hectáreas a inicios de 2022, pero la Guardia los detuvo y denunció el hecho a través de un boletín de prensa en abril de este año.
Guardaparques de la reserva estuvieron presentes en esta patrulla, de acuerdo con Mainville. Los representantes del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica han iniciado un procedimiento administrativo. La entidad aseguró que se estableció una multa cuyo monto no detalló.
“Tenían tres días para producir un informe de este recorrido (…) Nos dijeron que iban a enviar el informe a la comunidad, lo que nunca se hizo”, asegura Mainville. Hace un mes, en otro recorrido, la guardia y los guardaparques volvieron a encontrarse. “Dijeron que el informe todavía está en manos del jurídico, que no está disponible para revisión”, añade el biólogo.
El Estado ecuatoriano también permitió la construcción del Proyecto Multripropósito Hidroalto en el río Due, ubicado dentro del Parque Nacional Cayambe Coca en el 2015. Este también estaba destinado a la captación de recursos para ofrecer el servicio de agua potable, pero después se quedó solo como Proyecto Hidroeléctrico Río Due. “El impacto directo de esa represa, que fue construida sin consulta, es que ahora el río Khekhuno [afluente del Due], que es un río sagrado para los kofanes, está vacío de peces. No hay ningún pez subiendo, porque hay un muro que no permite la migración y es algo que impacta bastante a este pueblo de pescadores”, dice Mainville.
Conformar guardias para preservar la existencia
Si en Sinangoe las últimas pendientes de los Andes dificultan el recorrido del territorio, el reto para los waorani es la extensión de sus propiedades ancestrales, que suman 802 220 hectáreas. Para abarcar la protección, el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) trabaja en la creación de tres guardias que operen respectivamente en las provincias ocupadas por ellos: Orellana, Napo y Pastaza.
Meñebai, composición en el idioma wao tededo que quiere decir “soy jaguar”, es la primera guardia waorani conformada y opera en la provincia de Pastaza que, a diferencia de las provincias de Napo y Orellana, no ha sufrido tanta intervención por parte de la industria petrolera. Cuando este grupo estaba naciendo, en pleno inicio de la pandemia por coronavirus, registró la construcción ilegal de un acceso entre las comunidades Meñepare y Obaro. Esta vía se abrió, cuenta Luis Enquere, dirigente de Territorio de la Organización Waorani de Pastaza (OWAP), con la aparente excusa de extraer madera de balsa. Sin embargo, la guardia Meñebai encontró máquinas para la extracción de oro. A través de conversaciones con los actores ilegales, los expulsaron y detuvieron el avance del daño.
No obstante, la minería no ha dejado de ser una amenaza latente para este territorio ancestral. La guardia, según afirma Enquere, ha “parado a mineros ilegales” que estaban extrayendo oro de las cabeceras de los ríos Curaray y Zapino. Este último es una fuente de pesca para los waorani. Para evitar nuevas incursiones, la guardia Meñebai está construyendo una casa de monitoreo en la zona y realiza recorridos quincenales. A este lugar también se acercan pescadores foráneos que usan barbasco, tóxico natural que puede ocasionar la muerte de cientos de peces, provocando una gran pérdida de las fuentes alimenticias para quienes habitan en estos territorios. “Antes era mucha actividad directa de pesca todos los días, ahora ha bajado”, dice Enquere sobre los resultados de la guardia.
A los waorani también les preocupa otro acceso, un proyecto vial de la prefectura de Pastaza que llegará hasta la comunidad de Toñampare. “La prefectura no consultó a las comunidades vecinas”, asegura Enquere, aunque la misma población waorani de Toñampare promovió este camino.
Esta población es considerada la capital de los waorani en Pastaza, por lo que las 46 comunidades de esta provincia también querían ser tomados en cuenta en esta decisión, explica Darío Villacís, parte de la NAWE. “La vía ni siquiera ha llegado todavía a las comunidades pero ya está sonando tremendo problema”, añade Enquere.
La guardia Meñebai ya se ha reunido con la NAWE para planificar acciones que eviten nuevos asentamientos a lo largo de la vía e ingreso de coworis o fóraneos con intereses extractivos.
Gilberto Nenquimo destaca que, además de la guardia, se conformó Kenguiwe, un grupo de monitores preparado para usar tecnologías que registran de manera automática delitos ambientales en una base de datos que recibe la NAWE, con el fin de enviar denuncias al Ministerio del Ambiente. “La denuncia es la última opción, también se resuelven temas internamente”, dice un miembro de Kenguiwe que prefiere no ser identificado. A través de los informes de este equipo de monitores, la NAWE dice que ha denunciado al MAATE la apertura del acceso vial entre las comunidades de Meñepare y Obaro, la extracción de balsa y la minería ilegal. “¿Ha hecho algo el MAATE? No, solo culparse las responsabilidades entre ellos y la Fiscalía”, asegura el monitor.
Por otra parte, Nenquimo también cuenta que presentará un proyecto para la creación de la guardia de Napo en noviembre de este año, en la próxima asamblea ordinaria de la Nacionalidad Waorani y que, en febrero de 2023, tendrán lugar las elecciones del nuevo Consejo de Gobierno de la NAWE, por lo que la creación de la guardia de Orellana y la continuación del proyecto de guardias quedará en manos de las nuevas autoridades. Para Nenquimo, continuar con la conformación de guardias es una forma de preservar la existencia y la cultura waorani.
Mongabay Latam y La Barra Espaciadora pidieron información actualizada al MAATE sobre las acciones que ha tomado después de conocer las denuncias que han generado estos grupos de guardias y monitores, sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no respondió .
La decisión colectiva de fortalecer la guardia indígena
El Encuentro de Guardias avanzó en la cancha cubierta de Sinangoe, donde dirigentes de unos 20 pueblos y nacionalidades indígenas se presentaron y hablaron sobre la necesidad de conformar guardias para protegerse de los peligros que acechan a sus territorios ancestrales. En la reunión se habló de muchos otros casos, por ejemplo, el del pueblo kichwa de Santa Clara que resiste ante la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa, considerado sagrado por ellos, o el de los kichwas de Archidona que se enfrentan a la minería ilegal en el norte de la amazonía ecuatoriana.
“Este encuentro es la decisión colectiva de fortalecer la guardia indígena en sus múltiples expresiones, porque no es una guardia única y homogénea, es una guardia diferente dependiendo del territorio, del pueblo, de la nacionalidad, pero que tiene un elemento común y es la defensa de la vida y la defensa de los territorios”, dice María Espinoza, abogada de Amazon Frontlines y defensora de derechos humanos.
Para Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confeniae, el objetivo del evento fue “dejar muy claros los principios de la guardia, para que su creación no se tergiverse, que no se confunda con asociaciones que no tienen nada que ver con precautelar la integridad social y la integridad territorial”.
Es más, el primer Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador se dio durante la realización de las mesas de diálogo acordadas entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Conaie, después del paro nacional de junio de este año, y que se cerrarán —según los cronogramas publicados— el 12 de octubre de 2022. Este recurso fue una salida a las manifestaciones de 18 días que protagonizó el movimiento indígena y que paralizaron al país.
La Conaie y otras organizaciones indígenas le pidieron al gobierno, entre otras cosas, que se detenga la expansión petrolera y minera en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. En la mesa destinada a discutir este tema se acordó la moratoria, durante al menos 12 meses, de 15 bloques petroleros del sur del país, no otorgar títulos mineros hasta que exista una normativa de Consulta Previa y la creación de una comisión técnico ambiental para identificar y remediar los pasivos ambientales.
El 11 de septiembre, el último día del encuentro de guardias indígenas, los asistentes contribuyeron a la creación del Mandato Ley de la Guardia Indígena, que determina fortalecer y consolidar la guardia, fortalecer la estructura de gobierno propio, defender los derechos colectivos, desarrollar estrategias y mecanismos de defensa, entre otros. Veintisiete dirigentes de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, encabezados por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, firmaron el documento. “Me parece un evento muy importante que no tiene nada que ver con las acusaciones que nos han hecho de vandalismo, terrorismo, nada de eso. Simplemente que podamos todos, de manera disciplinada, cuidar nuestros territorios apegados a los derechos constitucionales e internacionales”, dijo Iza.
Fuente: Mongabay Latam – ANRed